Al comenzar la década de los setenta, Luis Echeverría Álvarez (1970–1976) subió a la Presidencia con la intención de fortalecer al Estado. El difícil final de la década de 1960 dejó al descubierto los problemas del modelo de desarrollo que no respondía a los cambios de la economía y tampoco corregía los desequilibrios sociales.
El gobierno buscó impulsar la actividad económica promoviendo las exportaciones y la inversión privada y también amplió el gasto público. Pero como tampoco se trataba de cerrarnos las puertas al mercado internacional, parte del plan era otorgar permisos de importación y poner aranceles, esto es, dar oportunidades de traer productos extranjeros para ser vendidos en suelo nacional, pero pagando un impuesto para poder hacerlo.
Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, entre 1971 y 1973 el crecimiento económico disminuyó y entró en algo que el gobierno dio en llamar atonía, es decir, que en lugar de que la economía se desarrollara, se mantuvo estancada.
En resumen, el país atravesó un desequilibrio comercial porque los mexicanos compraban más de lo que vendían y las cosas de fuera salían más baratas.
Por otro lado, la abrupta subida de los precios internacionales del petróleo propició que los precios de casi todos los productos se elevaran y el consumo general se viera afectado.
El presidente Echeverría decidió fomentar la actividad económica mediante la inversión pública, es decir, con el dinero que el gobierno utiliza para pagar diversas obras y que proviene de los mismos habitantes mediante los impuestos. El gobierno prometió empleos y créditos a distintos sectores sociales, lo que trajo consigo grandes deudas con el exterior. En 1976 el gobierno no pudo pagar ¡ni los intereses! El peso se devaluó, mucha gente fue despedida de sus empleos, varias empresas cerraron y fue necesario pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), una organización internacional entre cuyas funciones se encuentra dar créditos a los países que lo soliciten y estos tienen que pagar en determinado tiempo. Esto ayudó, pero con la condición de que el gobierno limitara el gasto público solo a las obras verdaderamente necesarias. Al terminar su administración, Echeverría dejó precios altísimos, desempleo y una deuda enorme de 20000 millones de dólares.
En 1970, la mitad de la población era campesina, pero no se beneficiaba del desarrollo. El sistema de precios de garantía regulaba el mercado de los productos básicos (frijol, maíz y arroz) y mantenía precios bajos para apoyar a los habitantes de las ciudades. Faltaban inversiones para mejorar la producción y los recursos que el gobierno enviaba al campo en forma de créditos (es decir, dinero o infraestructura que poco a poco pagarían para trabajar la tierra) llegaban con lentitud.
Los campesinos algunas veces manifestaban su descontento con invasiones de tierras, tomas de bodegas y oficinas públicas. Para tratar de frenar a los inconformes, el gobierno continuó con la repartición de tierras. También promovió las asociaciones de productores de diversos productos, como el café, y la creación de diversas organizaciones campesinas. Por ejemplo, en 1974 se creó la Secretaría de la Reforma Agraria y en 1975 el Banco Nacional de Crédito Rural. De esta forma, el campo pudo contar con algunos recursos que impulsaron la producción agrícola. En 1974 nació la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, en la que los campesinos se organizaron para que sus demandas fueran atendidas por el gobierno.
Lo que no pudo lograr el gobierno fue que los empresarios hicieran una inversión importante en el campo. Ellos se habían convertido en un poderoso sector que consideraba desacertadas las políticas hacia el campo, ya que creían que había demasiado control del Estado.
Para responder a los empresarios, Luis Echeverría, a menos de dos semanas de concluir su gobierno, el 17 de noviembre de 1976, expropió a un grupo de empresarios agrícolas más de 100 000 hectáreas de tierra de riego muy productiva en los valles del Yaqui y el Mayo, en el sur de Sonora. Las tierras expropiadas fueron convertidas en ejidos. Esta decisión solo aumentó la crisis económica.
Cuando José López Portillo asumió la presidencia (1976-1982) el 1 de diciembre de 1976, propuso una alianza para la producción que reuniera a todos los sectores de la sociedad (empresarios, trabajadores, empleados, funcionarios y burócratas) en torno a un mismo propósito: la recuperación económica. Para buena suerte del presidente entrante, se descubrieron ricos yacimientos petroleros en el Golfo de México y a nivel internacional el precio del barril alcanzó altos niveles, por lo que el gobierno de López Portillo contó con recursos extraordinarios. Ello contribuyó a superar la crisis económica.
En 1977, muy optimista, López Portillo afirmó que le tocaba “administrar la abundancia”. Las condiciones parecían las más adecuadas para superar la pobreza. El dinero se invirtió para modernizar al país mediante el fortalecimiento de las actividades industriales y agrícolas. Por ejemplo: se fortaleció la industria petrolera en Campeche y Tabasco; también se invirtió en la industria ferroviaria y en la del acero. El gobierno realizó asimismo otras inversiones en complejos turísticos, adquirió ingenios azucareros y fábricas de papel; sin embargo, estas inversiones se llevaron a cabo con cierto desorden, por lo que en poco tiempo las ganancias ya no alcanzaron. Para colmo, en mayo de 1981 los precios internacionales del petróleo cayeron (de 32 a 28 pesos por barril) y entonces, al tener que venderse más barato, se ganó menos dinero. El país no pudo escapar a la crisis financiera mundial.
Esta situación causó una gran desconfianza entre los inversionistas, nacionales y extranjeros, que, ante la perspectiva de una devaluación, decidieron retirar su dinero y convirtieron sus pesos en dólares; así se produjo lo que se denomina “fuga masiva de capitales”. En febrero de 1982 el valor de la moneda pasó de 28.5 a 46 pesos por dólar. Ante esa situación, el presidente López Portillo reconoció que el país no podía pagar sus deudas y pidió un crédito de emergencia al gobierno de Estados Unidos. Pero no funcionó y el gobierno nacionalizó la banca comercial el 1 de septiembre de ese año con la intención de frenar la fuga de capitales, aunque no con mucho éxito.
La crisis de 1982 causó el empobrecimiento general de la población; se acentuaron las diferencias sociales; se profundizó la brecha entre las ciudades y el campo, entre los estados ricos del norte y los más pobres del centro y sur del país y entre todos ellos y la capital de la República. En el Distrito Federal, la caída de la inversión y del empleo fue mayor que en los estados fronterizos; en cambio, la demanda de mano de obra aumentó en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Sonora, cuyas economías estaban vinculadas a la exportación.
Bibliografía
INAH, Fototeca Nacional. gaceta.unam.mx 10 de febrero de 2020. https://www.gaceta.unam.mx/la-reconstruccion-del-pais-en-el-siglo-xx-tarea-dificil-de-lograr/ (último acceso: 2 de enero de 2026).
Secretaría de Educación Pública. «Arma la historia.» En La deuda externa y la economía del país en el último tercio del siglo XX, de Secretaría de Educación Pública, 188-192. México, D.F.: Secretaría de Educación Pública, 2010.
