El contractualismo aborda la legitimidad del gobierno basada en un contrato social.

El contractualismo se desarrolló como una respuesta a preguntas fundamentales sobre la autoridad del gobierno y la legitimidad del poder político. Los filósofos que contribuyeron significativamente a esta teoría incluyen a Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, entre otros más, cada uno de los cuales tenía perspectivas distintas sobre el contrato social y su implicación en la estructura del gobierno.

El contractualismo es una teoría política y ética que se basa en la idea de que la legitimidad del gobierno y la autoridad política se derivan de un contrato social o acuerdo voluntario entre individuos. Esta teoría busca explicar cómo y por qué surge el gobierno y cómo se justifica moralmente.

El contractualismo lo podríamos englobar en términos generales de la siguiente manera:

En primer lugar, tenemos el estado de naturaleza. Los teóricos del contrato social generalmente comienzan con la idea de un “estado de naturaleza”, una condición hipotética en la que los individuos viven antes de la formación de un gobierno. En este estado, la gente a menudo se encuentra en un estado de libertad, pero también puede enfrentar desafíos como el conflicto y la inseguridad.

Hobbes creía que, en el estado de naturaleza, es decir, en la ausencia de gobierno, los seres humanos eran inherentemente egoístas y competían entre sí por recursos limitados. En este estado, decía él, la vida era “solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve”.

Mientras que Locke, él tenía una visión más optimista del estado de la naturaleza en comparación con Hobbes. Creía que las personas tenían derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad, que debían ser protegidas.

Por otro lado, Rousseau argumentaba que el estado de naturaleza era una condición de libertad y bondad, pero que se había corrompido debido a la propiedad privada y la desigualdad.

En segundo término, encontramos el contrato social. Para escapar de las dificultades del estado de naturaleza y crear un orden social más estable, los individuos acuerdan formar una sociedad civil y establecer un contrato social. Este “contrato” implica que los individuos renuncian a ciertos derechos o libertades en favor de un gobierno o autoridad política que establecerá leyes y reglas para mantener el orden y proteger los derechos restantes.

Según Hobbes, la única manera de escapar del estado de naturaleza caótica era a través de un contrato social. En este contrato, las personas renuncian a sus derechos naturales y transfieren su autoridad a un soberano absoluto. Este soberano tenía el poder absoluto para mantener el orden y garantizar la paz. Hobbes justificaba este poder absoluto como necesario para evitar el conflicto constante y la anarquía.

Locke, por otra parte, argumentaba que el contrato social se basaba en la protección de los derechos naturales. Las personas de manera voluntaria se unían para formar un gobierno con el propósito específico de proteger estos derechos. Si el gobierno no cumplía con su función, menciona Wolff que los ciudadanos tienen el derecho de rebelarse. Pues tengo un derecho natural a la libertad y, por consiguiente, el único modo de que llegue a existir un poder político sobre mí es que yo le dé mi propio consentimiento. De acuerdo con esto, un estado que pretenda ejercer un poder político sobre mí, pero sin mi consentimiento, no tendrá ningún derecho a gobernarme y será ilegítimo. (Wolff, 2012) Dicho de otro modo, si el Estado no cumple con su parte del trato, el cual es proteger a sus ciudadanos, los ciudadanos tienen todo el derecho para dar término, a dicho “contrato” y tomar el control de manos de un Estado corrupto e incompetente.

Lo que se conoce como Legitimidad del gobierno o consentimiento, en el cual el gobierno obtiene su legitimidad a través de este “contrato social”. Es decir, el gobierno tiene autoridad sobre los ciudadanos porque estos últimos han dado su consentimiento para ser gobernados y aceptan vivir bajo las reglas y leyes establecidas por el contrato social.

Sea cual sea el pensamiento del “contrato” social o del consentimiento de los ciudadanos sobre un gobierno, Wolff afirma que, Hobbes, Locke y Rousseau ofrecen un argumento distinto pero basado en el consentimiento tácito. La idea central aquí es que mediante el disfrute silencioso de la protección del estado uno se consiente tácitamente a aceptar su autoridad. Esto bastó para obligar al individuo a obedecer al estado. (Wolff, 2012) En otras palabras, La noción central en este contexto es que, al recibir la protección del Estado de manera pasiva, una persona está implícitamente aceptando su autoridad. Esto no es suficiente para requerir que el individuo obedezca al Estado.

Las diferencias entre los diversos pensadores contractualistas están en, cómo conciben el estado de naturaleza, el contenido del contrato social y la naturaleza del gobierno resultante. Por ejemplo y de manera rápida vemos que Hobbes veía el contrato como un acto de autoconservación en un estado de naturaleza peligroso, mientras que Locke creía que el contrato se basaba en la protección de los derechos individuales, y Rousseau sostenía que debía basarse en la voluntad general y la igualdad.

Encontramos que es el Estado a quien se le ha “permitido” establecer las leyes para obtener una sociedad controlada, donde cada ciudadano respete y haga cumplir dichas leyes, ya sea esté de acuerdo o no. Según Locke, el poder político consistía en la autoridad para formular leyes y, al mismo tiempo, el derecho de aplicar castigos a aquellos que no las acataban (Wolff, 2012) Es así como Locke afirma que el ser humano tiene y debe vivir bajo un estado capaz de dictar leyes, no solo para castigar, sino para salvaguardar a cada uno de sus ciudadanos. Por otro lado, Max Weber está de acuerdo con Locke, pero su forma de describirlo es un poco más específica y nada maquillado los estados poseen el monopolio de la violencia legítima (Wolff, 2012) Es decir que, el Estado, en su forma más ideal, es la única entidad que tiene el derecho exclusivo de utilizar la fuerza física o la violencia en una sociedad. Esto significa que ningún individuo, grupo, organización o entidad privada tiene la autoridad legítima para usar la fuerza para imponer su voluntad o controlar a otros.

Por otro lado, ¿qué sucede cuando dicho monopolio no resulta? Wolff apunta que cuando esto no funciona, el estado ha fracasado y no puede garantizar el salvaguardar a sus ciudadanos. Lo que decimos en estos casos es que algunos estados no consiguen monopolizar la violencia y, por desgracia, fracasan en el momento de proteger a sus ciudadanos (Wolff, 2012). En algunos casos, algunos Estados no logran mantener este monopolio de la violencia legítima. Esto puede deberse a una serie de razones, como la presencia de grupos rebeldes, la corrupción en las fuerzas de seguridad o la incapacidad del Estado para mantener el orden en su territorio.

Cuando un Estado no puede mantener este monopolio, puede dar como resultado situaciones peligrosas para los ciudadanos.

Algunos pensadores apuntan que si el Estado falla, entonces la ciudadanía tendría que optar por el Anarquismo Reconsiderado. La justificación podría ser la siguiente: Si no somos capaces de hallar un modo de justificar el estado desde premisas aceptables, entonces parece que se impone algún tipo de anarquía —anarquía en sentido moral, al menos. (Wolff, 2012) La ciudadanía le concede al Estado todo su permiso para gobernarlos y protegerlos, para crear leyes a fin de vivir en comunidad, pero si no resulta y, al contrario, el Estado se vuelve contra sus ciudadanos, entonces parece que estamos abocados a enfrentar algún tipo de desorden social, al menos desde una perspectiva ética. El ciudadano tendría que organizarse en una especie de Estado sin gobierno para protegerse.

Por otro lado, una anarquía, debería tener ciertas leyes, aunque esto parezca una contradicción, ya que vivir en una anarquía absoluta sería peor que vivir bajo un gobierno corrupto, porque esto implicaría que el ciudadano podría ser víctima de cualquier otro ciudadano, podrías estar regresando a lo que algunos consideran estado de Naturaleza, a esto Wolff señala que Locke argumenta que la anarquía terminaría por ser aún la peor solución. Pero precisamente por esto, Locke sostuvo que deberíamos abandonar el estado de naturaleza. Desde esta perspectiva, la posición filosófica del anarquista empieza a adoptar el aspecto de un caso muy peligroso de autocomplacencia moral (Wolff, 2012).

Desde una perspectiva filosófica, la posición del anarquista se ve como un caso potencialmente problemático de complacencia moral, es decir, una actitud de autoaprobación o satisfacción con sus propias creencias morales. Esto implica que los anarquistas pueden estar tan seguros de la corrección moral de su posición que no consideran las posibles consecuencias negativas o desafíos prácticos de sus ideales que pueda resultar contra otras personas, por lo tanto, la anarquía se considera como peligrosa no solo para el Estado sino para cada ciudadano.

Finalmente, como bien lo menciona Wolff, cada una de las posturas propuestas por cada uno de estos pensadores tienen errores de una u otra forma (Wolff, 2012), pero también tienen aciertos que nos han permitido en la mayoría de las veces prosperar como Estados. Al final, si queremos que los Estados funcionen, no deberían depender de un sistema u otro, sino de cada uno de sus ciudadanos, desde el rey, el presidente o el dictador hasta el último de sus ciudadanos.

Para concluir, el contractualismo ofrece una visión fundamental sobre la legitimidad del poder político y la autoridad del gobierno, basada en la relación contractual entre los individuos y el Estado. A lo largo de los siglos, filósofos como Hobbes, Locke y Rousseau han abordado de distintas maneras el concepto de contrato social y el rol del gobierno, proporcionando una base teórica sobre cómo debe funcionar el poder en sociedad. Sin embargo, las variaciones en sus teorías nos recuerdan que no existe un modelo único y perfecto, ya que la legitimidad del poder está ligada no solo a las leyes y los contratos sociales, sino también al consentimiento de los ciudadanos y al cumplimiento efectivo de los derechos y la protección por parte del gobierno. En última instancia, la teoría del contrato social sigue siendo relevante en la actualidad, puesto que nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la autoridad política y la libertad individual, así como sobre la importancia de un Estado legítimo que actúe en beneficio de todos sus miembros.

Bibliografía

Wolff, J. (2012). FILOSOFÍA POLÍTICA: Una Introducción. Barcelona, España: Editorial Planeta, S.A.