Según el Nuevo Testamento incluido en la Biblia cristiana, Jesús de Nazaret respondió a los fariseos con un mensaje que aplica a la perfección para describir el conflicto social y armado que conocemos en la actualidad como la Guerra Cristera: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. La guerra cristera fue un conflicto bélico en el que participaron grupos de católicos que se posicionaron en la defensa de sus creencias en contra de la postura del régimen del presidente Calles. Para el bando católico mexicano, este conflicto es considerado una guerra santa en defensa de la fe y, para el Estado, una reacción en defensa del orden constitucional.
García Ugarte señala que la vinculación de los católicos con las fuerzas militares disidentes —la “reacción” como la llamaba Calles—, tan claramente identificada en el Bajío, la misma que en 1924 se sumó a la candidatura de su contrincante a la presidencia de la república, el general Ángel Flores, tuvo claras resonancias en la política abiertamente anticlerical del régimen callista y en la protesta que la sociedad católica inició contra el gobierno en 1925.
Es de señalar que cualquier incidente hubiera provocado la respuesta airada del grupo de católicos que, desde 1914, tenían resentimientos acumulados contra los revolucionarios porque habían expulsado a sus obispos, bajo la acusación de ser huertistas, además de quemar los confesionarios y bibliotecas, impedir el toque de las campanas de las iglesias y convertir muchos recintos sacros en cuarteles.
Los dirigentes católicos, al sentirse amenazados por el carácter laico y antirreligioso del régimen callista, fundaron una liga para la defensa religiosa que exigía:
- Libertad plena de enseñanza
- Derecho común para los ciudadanos católicos
- Derecho común para la iglesia
- Derecho común para los trabajadores católicos
Ante esta exigencia, el presidente Calles y su gobierno calificaron el manifiesto de sedicioso debido a que la organización católica infringía la ley porque el artículo 130 constitucional prohibía “la formación de toda clase de agrupación política, cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa” (García Ugarte, 1995).
Es a partir de 1926 y hasta 1929 que se produce en México el movimiento insurgente de grupos católicos mexicanos del occidente y el bajío contra el Estado mexicano. Los primeros dos años del gobierno de Calles se conocen como los de la construcción revolucionaria de México por su exigencia institucional; sin embargo, a partir de 1925 surge un cisma dentro de la Iglesia católica mexicana que busca crear una Iglesia católica mexicana, de tal manera que en la Ciudad de México un grupo de miembros de la CROM se apodera de un templo para fundar en él la Iglesia católica apostólica mexicana. Esto representó para el Papa una declaración de guerra de la Revolución mexicana contra la Iglesia católica. Esta situación provocó la creación de la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, que se transformó en una organización de combate.
El presidente Calles resolvió, para dirimir el conflicto entre los católicos romanos y los católicos mexicanos, el retiro del culto de los templos, para después entregar los recintos a los grupos de católicos mexicanos, provocando la inconformidad total de los católicos romanos que representaban la mayor población religiosa del país. En este ambiente de lucha, el presidente Calles decretó la modificación del artículo 130 que limitaba la actuación de los cultos religiosos en México. En julio de 1926 se suspendieron los cultos y se cerraron los templos por decreto del presidente Calles; sin embargo, la movilización popular católica se opuso al ingreso de representantes del gobierno a los templos, iniciando así la guerra cristera.
El conflicto armado
Las primeras batallas sucedieron en Durango, Jalisco y Zacatecas, pero pronto se extendieron a los Altos de Jalisco, en donde el gobierno masacró a los católicos inconformes, la gran mayoría de ellos jóvenes inexpertos.
El periodismo católico fue perseguido con intimidación, censura directa, destierro y asesinatos. La persecución no se limitó a las expresiones públicas. El Estado penetró en las entrañas de la vida privada con métodos burdos dignos de un Estado totalitario. Un cuestionario que parecía dirigido a trabajadores del Estado demuestra una intromisión directa del aparato estatal para prevenir que los mismos funcionarios públicos, quienes en muchos casos deben haber profesado la religión católica, se desviaran del buen camino revolucionario y apoyaran al bando rebelde (Serna, 2007).
Ana María Serna concluye su trabajo enfocando su conclusión en el significado del término “veracidad” como uno de los valores más importantes para la justificación de las acciones emprendidas por cada uno de los bandos involucrados en la guerra cristera. En el caso católico, la veracidad sobre la persecución justifica su lucha, la cual, en su concepción, se vuelve gloriosa, convirtiendo soldados de Cristo en mártires del cristianismo.
El gobierno de la república justificó sus acciones en el combate contra la intromisión de la Iglesia en los intereses del Estado mexicano. Serna remarca la importancia de la prensa en este conflicto, pues es a través de su trabajo que la población creó una percepción propia y tomó partido por uno de los dos bandos, creándose así una opinión pública de las clases sociales.
Referencias.
García Ugarte, M. E. (1995). Los católicos y el presidente Calles. Revista mexicana de sociología, 131-155.
Serna, A. M. (2007). La calumnia es un arma, la mentira una fe. Revolución y cristiada: La batalla escrita del espíritu público. Cuicuilco, 151-179.
