¿Telefonía móvil obligada?
La política de telecomunicaciones en México entró en una etapa clave con la entrada en vigor de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), que desde el 17 de julio de 2025 obliga a registrar todas las líneas de telefonía móvil. La medida, presentada como un mecanismo para combatir fraudes y reforzar la seguridad, exige que cada usuario vincule su número celular con una identificación oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP).
De acuerdo con los artículos 103 y 164 de la nueva normativa, los concesionarios solo podrán activar líneas de usuarios que acrediten su identidad con documentos oficiales. En el caso de empresas, será necesario presentar el RFC, mientras que los extranjeros deberán hacerlo con pasaporte vigente. Quienes incumplan el proceso enfrentarán la suspensión del servicio a partir de mayo de 2026.
Ley de Telecomunicaciones vigente, pero sin órgano regulador
El gran obstáculo es que, pese a estar en vigor, la implementación está frenada por un vacío institucional. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo que debe definir los lineamientos y supervisar el registro, aún no ha sido constituida. La fecha límite para que esto ocurra es el 31 de diciembre de 2025.
Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones puso en marcha una prueba piloto el 1 de septiembre con empresas como Telcel, AT&T, Movistar, Altán y Bait. El ensayo busca afinar los procesos de inscripción, aunque carece de fuerza jurídica plena hasta que la CRT formalice los criterios.
Registro de líneas de celulares en México: impacto social y económico
Especialistas advierten que la exigencia de CURP puede convertirse en una barrera de acceso para millones de mexicanos que viven en situación de vulnerabilidad, como migrantes, trabajadores informales o comunidades en zonas rurales que enfrentan trabas para obtener documentación oficial. En estos casos, la medida podría ampliar la brecha digital y limitar el acceso a servicios esenciales.
Los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que han dinamizado el mercado con tarifas competitivas, también podrían verse afectados. El retraso en la venta de SIMs y la mayor carga regulatoria pondrían en riesgo su viabilidad, debilitando una opción que hoy representa una alternativa asequible frente a los gigantes del sector.
Seguridad a cambio de libertad: la nueva ley que pone en riesgo la privacidad de millones
Aunque la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión busca fortalecer la seguridad y reducir los fraudes, especialistas advierten que su aplicación podría traducirse en un retroceso en materia de derechos digitales. Obligar a los usuarios a registrar su línea con la CURP, sin que exista un órgano regulador que garantice la protección de datos, representa un riesgo para la privacidad y el acceso universal a la comunicación. En la práctica, la norma podría excluir a millones de mexicanos que carecen de documentos oficiales y limitar su derecho constitucional a las telecomunicaciones, mientras que el control estatal sobre la identidad de los usuarios plantea serias dudas sobre la proporcionalidad y el respeto a las libertades individuales.
