Dentro de la filosofía política nos encontramos ante una pregunta fundamental, ¿ha existido alguna vez el estado de naturaleza en el ser humano?, ¿un estado en el que la libertad se presente sin ninguna limitación o coacción externa?, es un escenario caótico el que viene a la mente si imaginamos un lugar donde todos pueden perseguir sus deseos sin ninguna norma que ofrezca garantías de no ser violentado por otros. Actualmente, resulta muy complicado imaginar la interacción social fuera de toda estructura gubernamental que regule nuestras acciones, es decir, fuera del Estado, pero también es importante preguntarse por la legitimidad de dicho Estado. Para John Locke, el humano goza naturalmente de libertad e igualdad frente a los demás; por lo tanto, una persona que nace libre y se sabe libre, solo puede subordinar algunos aspectos de su libertad a través del consentimiento. A grandes rasgos, el contrato social es la legitimación del poder por medio del consentimiento tácito de sus gobernados. El Estado se construye a partir de un gobierno soberano, la población y el territorio, todo regulado con una estructura jurídica.
La dinámica del Estado se encuentra en la bilateralidad de derechos y obligaciones. Las obligaciones, o como Jonathan Wolff refiere, deberes políticos, son aquellas responsabilidades que tiene el ciudadano hacia el Estado, aquello a lo que está forzado a realizar, en pocas palabras, el apego a la ley. Gozar de los beneficios de vivir en un Estado crea la obligación de obedecer sus lineamientos, es lo que Adolphus Hart considera el núcleo racional del consentimiento, esta idea encuentra sustento en Hume, quien señala que todos nos encontramos bajo el amparo de leyes que protegen la propiedad privada y la seguridad personal, por otro lado, las infracciones derivan de la propensión humana a seguir las pasiones por encima de la razón.
Ninguna conducta vulnera más a un Estado que la conducta delictiva, puesto que no solo genera daño a las víctimas, sino a todo el pacto social. Para ello, la autoridad es la única facultada para castigar dicha conducta. El artículo 17 Constitucional señala que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, sin embargo, este mismo artículo garantiza el acceso a la justicia a toda víctima de delito. El gobierno posee el monopolio de la violencia legítima, que se debe ejercer con apego a derecho en cumplimiento de dos obligaciones fundamentales en materia de seguridad, la persecución y la prevención.
En la persecución delictiva existen muchísimos obstáculos. Todos hemos escuchado a la corrupción como principal causa de impunidad, sin embargo, nos olvidamos que los formalismos procesales que ralentizan la justicia, la carencia de infraestructura, recursos, formación, capacitación y la enorme carga de trabajo también afectan en gran manera el seguimiento a las denuncias y su judicialización.
En lo que respecta a la prevención del delito, podemos señalar dos posturas generales: una política y otra moral. Thomas Hobbes considera que el ser humano es un ente dominado por la ambición en un estado natural de lucha, el cual solo se reprime bajo la subordinación a un gobierno cuya presencia y poder es de tal magnitud que no deja más opción que la obediencia. Kant apuesta más por un criterio de razón, el cual guíe nuestros actos bajo la conciencia del deber. El imperativo categórico Kantiano va más allá de las acciones y se fundamenta en la propia voluntad de hacer el bien bajo una obligatoriedad absoluta, sin más condición que la de sí misma. Ninguna de estas posturas se ven materializadas en la realidad nacional. Por un lado, el gobierno opera con mecanismos deficientes de administración y procuración de justicia que generan cada vez mayor impunidad, y, por el otro, disminuye la conciencia moral de la responsabilidad civil. Ante estas ausencias se implementa el denominado, control preventivo provisional, que además de fracasar, genera reclamos y debates complicados.
Hasta ahora se puede identificar al Estado mexicano con estructuras contractuales de organización política; por lo tanto, aquello que lo justifica es el consentimiento de su población para cumplir sus obligaciones y exigir sus derechos. Pero la legitimación del poder se pone en duda por la crisis en materia de seguridad pública, cuyas conductas vulneran y atentan profundamente contra el orden social, amenazando constantemente la convivencia que se intenta regular. Es urgente un análisis de seguridad que no solo señale y culpe entes políticos, sino que también desmenuce la parte dogmática y orgánica que investiga, opera y procesa el fenómeno delictivo que extingue la confianza institucional.
Bibliografía:
Wolff, J. (2012). Filosofía Política: Una introducción. Editorial Ariel. Barcelona, España.
Hobbes, T. (2017). Leviatán. O La Materia Forma Y Poder De Una República Eclesiástica Y Civil. Editorial Fondo de Cultura Económica. Cdmx, México.
Marías J. (2020) Historia de la Filosofía. Editorial Alianza. Madrid, España.
Rawls J. (2018). Lecciones sobre la historia de la filosofía política. Editorial Booket. Madrid, España.
